El
acceso a la educación en la época colonial se limitaba a las primeras letras,
en las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias y
cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a estos establecimientos, que
además no contaban con la infraestructura adecuada. Gran parte de la formación
se realizaba al interior del hogar, en el caso de la clase alta, o bien en los
talleres, en calidad de aprendiz de algún oficio, o en las labores agrícolas.
Una
de las primeras instituciones de educación formal que fueron fundadas en los
primeros años de la colonización española de la isla, fue la que establecieron
los frailes de la Orden de San Francisco en el 1502 en la villa de Santo
Domingo. Esta fue el resultado de una cédula real dirigida al gobernador
Ovando, era una casa donde se juntaban dos veces por día los niños de la
población y el sacerdote les enseñaba a leer, escribir y la doctrina cristiana
con mucha claridad.
En el 1506 se dispuso que el Maestrescuela de Santo Domingo leyera Gramática a los hijos de los vecinos y que se procurase que los hijos de caciques la aprendiesen. Por Real Cédula del 24 de febrero de 1513 se dispone que los hijos de los caciques de La Española sean enseñados en el arte de la gramática y otras como la ciencia. En el 1518 por la Real Cédula se les concede pasaje a los frailes y estudiantes que quiere pasar cada año a Santo Domingo a enseñar y dar hábito.
El
proceso de inserción de la educación formal en la realidad de la colonia sigue
haciendo acto de presencia al discurrir del tiempo, alcanza uno de sus puntos
más elevados en marzo de 1530. Por medio de las gestiones de Fuenleal el 22 de
diciembre de 1529 queda fundado el Colegio de la Ciudad.
Los
documentos y referencias de los testigos de la época dan cuenta de la
existencia de la educación primaria, algunas que podrían calificarse
de media; pero sobre todo la existencia a partir de la tercera década del
siglo XVI de la educación universitaria.
Uno
de los pocos documentos que ilustran el estado de las escuelas sostenidas por
el Cabildo y particulares, proviene de un informe que data de 1803. Fue
realizado por el Oidor don Manuel de Irigoyen, comisionado por el Presidente de
la Real Audiencia, don Luis Muñoz de Guzmán, debido a las numerosas denuncias y
acusaciones tanto de crueldad en los castigos infligidos por los maestros a los
niños, como del abandono en que se encontraban las escuelas, y el poco provecho
que sacaban los alumnos de la enseñanza impartida.
Para
poder mantenerse, las escuelas utilizaban los ingresos provenientes de los
alumnos más pudientes, estando estrictamente prohibido el cobro a los más
pobres.
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